En menos de dos años 46 presuntos delincuentes murieron en la cuidad del norte de Perú, Trujillo, en supuestos enfrentamientos con el Escuadrón de Emergencia de la Policía.A pesar de esto en ninguno de los casos se hicieron autopsias ni pruebas balísticas. En cambio los fiscales trujillanos archivaron los casos, tomando como amparo el decreto legislativo 982, que desde el 2007 declara no imputable al policía que mata “en cumplimiento de su deber”.
Tras las denuncias periodísticas la Fiscalía de la Nación aprobó un informe que recomienda reanudar la investigación en 16 de los 46 casos.
El informe elaborado por la Fiscalía Suprema de Control Interno, demuestra graves irregularidades en la investigación de los casos y la existencia de evidencias que señalan ejecuciones extrajudiciales.
El informe indica: “Las investigaciones fiscales fueron archivadas o sobreseías dándose sólo por válidas únicamente las versiones policiales”. Algunos abusos como señales de ataduras en las manos y tiros certeros en la cabeza fueron ocultados bajo una ley que según las organizaciones de derechos humanos da vía libre a la policía para el gatillo fácil.
Erika Rodríguez, hermana de Freddy Rodríguez, busca justicia. Según sus declaraciones su hermano fue secuestrado por efectivos policiales mientras estaba trabajando en la demolición de un inmueble. Horas después apareció muerto de un solo tiro en la medula espinal.
Tas la muerte de su hermano. Erika organizo a los familiares de las otras víctimas bajo la Asociación de Víctimas de Ejecutados Extrajudicialmente en Trujillo.
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